Alberto J. Olvera
Investigador Titular
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales
Universidad Veracruzana
América Latina está atravesando una fase crítica de su breve historia democrática. La simultaneidad de un largo ajuste económico regional derivado del fin del ciclo alcista de las materias primas y el desgaste de las frágiles instituciones democráticas nacionales ha conducido a que los regímenes democráticos de la mayor parte de la región sufran procesos de involución autoritaria -de mayor o menor envergadura-, y a que se generalice un gran malestar de la ciudadanía con las democracias realmente existentes y ante todo, con sus actores fundamentales, los partidos políticos. La más reciente edición del Latinbarómetro indica que más de la mitad de la población ya no considera a la democracia como el mejor régimen y que los partidos están en la escala más baja de la confianza ciudadana en las instituciones[1]. Mucho más grave aun, en años recientes, es la deriva autoritaria que padecen Venezuela y Nicaragua, que ha retrotraído a la región a la época de las dictaduras civil-militares.
Existe una gran confusión sobre cómo caracterizar estas tensiones y desafíos que confronta la democracia en la región. En realidad, esta confusión es mundial. La democracia enfrenta retos parecidos a escala global[2]. Pero América Latina, en su diversidad, tiene peculiaridades históricas que deben ser tomadas en cuenta, sin negar que, considerados uno a uno, cada factor de deterioro democrático puede ser comparable con otras regiones, países y procesos históricos. De hecho, los estudios comparados, de larga tradición en la ciencia política, contribuyen a evitar que cada caso nacional sea visto como una excepcionalidad.
La experiencia de los debates contemporáneos sobre la emergencia global del populismo, del nacionalismo y la supremacía étnica, de la desigualdad creciente y de la insostenibilidad ambiental del capitalismo global nos indican que la democracia no puede estudiarse en aislamiento de los procesos económicos, sociales y culturales dentro de los que se enmarca. Los análisis estrictamente políticos que se concentran en la naturaleza de los regímenes, o que atribuyen la crisis de la democracia a la desigualdad, a los efectos del neoliberalismo, a la disputas geoestratégicas, a la degradación de la esfera pública, a las fallas del diseño o del performance institucional, etc., aportan conocimientos necesarios, pero insuficientes si son leídos como procesos independientes. La crisis que se vive es un proceso complejo que exige un análisis holístico, lo cual por supuesto, es un programa, una aspiración, pero también una orientación[3].
Por tanto, sugiero en las siguientes páginas algunas hipótesis, inspiradas en los principios orientadores antes expuestos, que pretenden contribuir a entender lo que pasa con la democracia en América Latina.
Para empezar, entenderemos la democracia como un régimen político que permite a los ciudadanos elegir a sus gobernantes en condiciones de respeto a sus derechos. La vaguedad de esta definición, al igual que cualquier otra que tomemos, es clara. ¿Que significa “respetar los derechos”?. Hablamos sólo de los políticos, o incluimos los civiles, sociales y culturales?. ¿Elegir libremente implica elecciones con estándares mínimos universales?. Las definiciones hoy muy debatidas de “autoritarismos competitivos”, “regímenes híbridos”, “autoritarismos subnacionales dentro de democracias deficientes”, remiten a una incompletitud, a una deficiencia respecto a estándares no necesariamente entendidos por todos en el mismo sentido o con la misma exigencia. Incluso las mediciones de la “calidad de la democracia” contienen altos niveles de discrecionalidad, por más complejos que sean los indicadores usados. La “democracia delegativa”, el “populismo”, los “regímenes iliberales” son conceptos que describen una parte de la realidad política en una forma válida en un espacio-tiempo dado, pero no permiten establecer explicaciones causales o procesales[4].
No queda más que reconocer la vaguedad de la idea de democracia y la falta de especificidad de los conceptos que usamos para describirla. El “núcleo duro” de la democracia, sin embargo, sigue estando en las elecciones libres y en el respeto a los derechos ciudadanos, sin que esta fórmula sea suficiente para establecer parámetros claros y universales, sobre todo en una época en que las democracias realmente existentes se han vuelto cada vez más complejas, debido al crecimiento de los aparatos e instituciones estatales y a las nuevas formas de comunicación[5]. Toda valoración deberá especificar sus criterios y referencias, y dejar en claro qué procesos son tomados en cuenta para construir los diagnósticos. Aquí nos movemos a una escala muy macro, por lo que no entraremos en los debates sobre la “presidencialización” de las democracias (Rosanvallon, 2015) ni específicamente sobre el populismo (Peruzotti, 2017).
Una perspectiva que ha ganado terreno en la fase postransición es la que se refiere a la ampliación del concepto de democracia para incluir las formas y experiencias de la democracia directa y de la democracia participativa en el estudio de los procesos de democratización. En este terreno se han desarrollado en América Latina experimentos pioneros e innovaciones relevantes no sólo para la región, sino para el mundo. La ampliación de la esfera de la democracia más allá del espacio electoral apunta a nuevos terrenos para pensar el canon democrático (Avritzer, 2019). Sin embargo, no podemos olvidar que la operatividad del “núcleo” electoral y la protección efectiva de los derechos humanos son los prerrequisitos de cualquier innovación sostenible en el tiempo. La frecuente imitación institucional extralógica de los mecanismos participativos no ayuda a su expansión, sino a la simulación y por tanto a la pérdida de potencial transformador de la propia innovación, por lo que deberemos tener cuidado al analizar los potenciales democráticos de cada caso.
Otro problema análogo al del concepto de democracia está en la noción misma de “crisis”. El abuso de este concepto ha llevado a que pierda sentido analítico. Que es una “crisis”?. Las miles de páginas dedicadas a este problema tampoco lo pueden solucionar, pues las perspectivas desde las cuales podemos hablar de una crisis son infinitas[6]. Rara vez se definen explícitamente los parámetros desde los cuales se usa la socorrida palabra. El concepto de crisis remite a momentos de quiebre, de fin de ciclo, de agotamiento de ciertos órdenes sociales, políticos y económicos, que además son percibidos o vividos como tales por los ciudadanos. Una vez más, puede reconocerse una situación de este tipo en diversos terrenos, coyunturas y tiempos. Así hablamos de crisis económica, moral, política, identitaria, etc.. En nuestro tiempo y espacio actual, vivimos en muchos países un doble ajuste estructural: una crisis económica más o menos profunda y una crisis del orden político, en el que los viejas estructuras y actores pierden legitimidad y capacidad de comando. Es en esta simultaneidad donde radica la pertinencia de hablar de una crisis.
Una mirada a los macroprocesos.
Hay pues varios sentidos válidos desde los cuales puede hablarse de que hay una crisis de la democracia en América Latina hoy. De un lado, en dos países de la región hay francos procesos de consolidación autoritaria y de desastre económico nacional: Nicaragua y Venezuela, en este último caso en condición de franca crisis humanitaria. De otro, hay un importante país que vive momentos críticos en el inicio de un nuevo gobierno democráticamente electo, pero que cuestiona las bases de la institucionalidad democrática y de la convivencia política: Brasil; en otro gran país, México, se vive la ruptura del viejo orden de la transición, pero con grandes riesgos de recentralización del poder y reconstrucción del presidencialismo casi absoluto, además de que hay un proyecto explícito de anulación política de las mediaciones, cuyo alcance y efectos son aun indeterminados e indeterminables. El generalizado rechazo ciudadano de la corrupción en la política, abierto por el escándalo Oderbrecht, ha derribado al menos un presidente y llevado a la cárcel a varios expresidentes (Perú), y abierto múltiples procesos contra personeros centrales de las clases políticas de varios otros países.
En Colombia, los grandes logros que implicaron los Acuerdos para la Paz están en riesgo por la negativa de las viejas élites políticas y oligárquicas a ceder un mínimo de sus privilegios. En Bolivia, el extraordinario avance democrático que hay significado la nueva constitución, el nuevo régimen y el recambio de élites confronta el riesgo de que el Presidente Evo Morales permanezca en el poder más allá de los límites constitucionales originales y surja un ambiente de polarización parecido al de los momentos de nacimiento del nuevo régimen, pero esta vez con riesgos autoritarios. En Centroamérica, además de la dictadura de Ortega en Nicaragua, los países del “triángulo norte” (Honduras, El Salvador y Guatemala) viven terribles crisis económicas derivadas del cambio climático y de la caída de precios del café, y sus democracias frágiles experimentan retos de supervivencia frente al poder del crimen organizado y la resistencia de sus oligarquías a la implantación de un mínimo orden basado en el derecho.
Hay otro sentido de la crisis de la democracia que aplica en América Latina hoy. Se trata del retroceso en los avances en materia de innovación democrática en la región. El caso más grave es el de Brasil, donde desde la arbitraria destitución de la Presidenta Dilma Rousseff, pero especialmente en el gobierno de Jair Bolsonaro, hay un franco ataque a toda la estructura participativa creada en los 30 años pasados. Cientos de consejos gestores y consultivos en todos los campos de la política pública han sido cancelados o sus capacidades mermadas. Los potenciales deliberativos que las distintas formas de participación habían creado han sido severamente dañados y pretenden ser destruidos. Lo mismo podemos decir de algunos de los dispositivos participativos en Argentina. En México, las “instituciones autónomas”, creadas en los gobiernos de la transición, han vivido un largo proceso de degradación y de colonización políticas (Olvera, 2010).
La crisis de legitimación de los gobiernos, actores y líderes políticos surgidos en la fase de la democratización post-dictaduras ha sido un resultado de la extrema precariedad de los pactos formales e informales que norman en los distintos países la competencia electoral y las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, de la corrupción generalizada que induce la propia competencia electoral en ausencia de un Estado de Derecho, de la politización, debilidad institucional e ineficiencia de los poderes judiciales, del debilitamiento de la sociedad civil popular, de la fragmentación del espacio público y de la profunda transformación de la sociedad que ha tenido lugar en el largo ciclo neoliberal. Esta combinación de procesos económicos, políticos y culturales explica el surgimiento de distintas modalidades del populismo en la fase postransición, encabezadas por líderes políticos cuya carta de presentación ha sido su carácter “externo” en relación a los partidos tradicionales, y cuyo discurso transgresor y agresivo (o directamente violento) parece sintetizar un deseo colectivo de ruptura con los partidos políticos que han gobernado en los años de la democratización, y que en general fueron incapaces de corregir las injusticias distributivas y garantizar un acceso efectivo a los bienes públicos imprescindibles.
No es que el populismo sea nuevo, puesto que este tipo de régimen tiene una larga tradición en la región (sin olvidar que los populismos del siglo XX crearon órdenes corporativos que mediaban entre el líder y las masas, a diferencia de la no mediación de nuestro tiempo). El problema es que estos recientes populismos, sean radicales (refundacionales) o moderados, de izquierda o de derecha, debilitan en la práctica los cimientos de la democracia liberal, al cuestionar las mediaciones representativas, el equilibrio de poderes y el principio mismo del control político sobre el ejecutivo. Desde la perspectiva de estos populismos, la relación directa entre el líder-presidente y el pueblo es el único eje válido de una verdadera democracia, siendo todas las mediaciones -partidarias, civiles y sociales, legales e institucionales-, potenciales o reales obstáculos para la unidad en la acción y en el proyecto político del pueblo y su líder[7]. Sin romper abiertamente con la democracia electoral, excepto en los casos de Venezuela y Nicaragua, los populismos contemporáneos ponen en vilo los fundamentos liberales y republicanos del orden democrático. Obviamente, las formas de esta crisis son diferentes en cada país, dependiendo de sus historias nacionales.
Resaltemos la complejidad de los procesos en marcha. En primer lugar, desde 2013 Sudamérica se ha visto afectada por el fin del ciclo alcista de los precios de las materias primas y se ha profundizado la creciente dependencia de China en cuanto a mercados, inversión extranjera y créditos al sector público; en el caso de México, hay un debilitamiento de la industrialización dependiente del mercado de Estados Unidos, con efectos en Centroamérica y el Caribe; a pesar de algunos avances, los capitalismos regionales no han logrado consolidar y ampliar la economía formal e incluir en los mercados laboral, habitacional y de crédito a los sectores populares; ha quedado de manifiesto la incapacidad de los Estados para regular el capitalismo depredador, que avanza incontenible en toda la región; a pesar de las enormes rentas obtenidas en el ciclo alcista de las materia primas, la fragilidad fiscal de los Estados nacionales no fue resuelta ni se crearon reservas, por lo que en la fase de baja de precios la caída de los ingresos públicos ha conducido a la crisis de los sistemas de pensiones, la disminución de la inversión pública y el regreso a un ciclo forzado de austeridad. Todo lo anterior conduce a una agudización de los conflictos sociales, tanto distributivos como políticos, ideológicos y religiosos, en un momento en que se carece de mecanismos políticos eficaces de canalización y resolución de los mismos (Olvera, 2018).
De otra parte, la precariedad de la estatalidad democrática en la región no ha logrado superarse. En efecto, la crónica escasez de capacidades estatales para suministrar los bienes públicos indispensables, como la seguridad pública, la educación, la salud y el transporte colectivo, a pesar de mejoras en algunos países en la década pasada, produce una insatisfacción generalizada con el gobierno, que se extiende al régimen político y sus actores (Olvera, 2012).
La creciente percepción de inseguridad va de la mano con un sistema de justicia fallido que afecta más a los más pobres, profundizando la desigualdad económica. La fragilidad del sistema de justicia se expresa en varias formas. En Brasil, en la politización del poder judicial, que en su lucha por castigar la corrupción en la política, ha pasado por encima de la ley que debe tutelar, destruyendo así una legitimidad y una institucionalidad que eran tal vez las mayores en América Latina. Debe anotarse, además, que el sistema de justicia en Brasil había dejado siempre sin atención a la población urbana más pobre, y a los indígenas y campesinos, que nunca fueron defendidos de las agresiones de la policía, de los grupos armados a sueldo y de los terratenientes e invasores ilegales de tierras. En Colombia, la mayor parte de Centroamérica y en México el sistema de justicia ha sido incapaz de detener la violencia criminal derivada del narcotráfico, el crimen organizado y las violencias estructurales, especialmente las que afectan a las mujeres. Los cientos de miles de muertos, desaparecidos y de personas obligadas a abandonar sus tierras y pueblos constituyen en una tragedia humanitaria que pone en cuestión la existencia misma de algún tipo de Estado de derecho en esos países.
A la crisis contemporánea de la democracia contribuyen también problemas de diseño legal e institucional y contradicciones no resueltas de los sistemas federales en los países grandes de la región. En Brasil, la imposibilidad de constituir gobiernos con mayorías parlamentarias garantiza que las élites políticas regionales y las grandes corporaciones militares, sindicales y profesionales tengan capacidad de veto en casi cualquier campo de las políticas públicas, e impidan llevar a cabo las reformas necesarias para construir el mínimo piso de justicia social general, y con ello una ciudadanía integral real. Lo mismo sucede en la gran mayoría de los países de América Latina, si bien el poder corporativo y el de las élites económicas se expresa en formas diferentes, desde la virtual ausencia de partidos políticos en Perú –que ha dejado sin representación a los sectores populares-, pasando por la persistencia del poder de la alianza neoliberal en Chile y el bloqueo histórico a la izquierda en Colombia, con las consecuencias terribles que ello ha traído en términos de acaparamiento de tierras, violencia sistémica y represión oficial o privada a los activistas por los derechos humanos. En todos los países el financiamiento de la política depende casi por completo de mecanismos informales y generalmente ilegales que garantizan a las elites económicas y políticas un relativo control de la representación formal.
Como se deriva de la síntesis anterior, la democracia no puede analizarse como régimen político fuera del conjunto de interrelaciones que este régimen establece con el capitalismo internacional y nacional, es decir el sistema económico; ni tampoco sin analizar la estatalidad democrática de cada país, esto es, las capacidades estatales creadas a lo largo del historia nacional; y menos aún sin analizar las características del sistema de justicia, entendido en un sentido amplio como la base material del Estado de derecho, es decir, como el conjunto de instituciones y actores encargados de resolver legal y legítimamente los conflictos sociales, económicos y políticos en cada país.
Por tanto, la democracia en América Latina no puede estudiarse con marcos conceptuales autorreferenciales que se limitan al estudio del sistema político. Se requiere ampliar la mirada a la interacción entre los sistemas sociales y entender así que la sostenibilidad de una democracia liberal anclada en un verdadero Estado de derecho depende no sólo de reformas parciales en el sistema de justicia o en las reglas electorales, sino de una reforma integral del orden estatal y de la creación de mecanismos de integración a la economía global que garanticen un mínimo piso de soberanía estatal y de regulación pública de los excesos del capitalismo depredador, hoy hegemónico.
Bibliografía.
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Olvera, Alberto J. (ed.), 2010. La democratización frustrada. Limitaciones institucionales y colonización política de las instituciones garantes de derechos y participación ciudadana en México. CIESAS-Universidad Veracruzana, México.
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Rosanvallon, Pierre, 2009. La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad, proximidad. Manantial, Buenos Aires.
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Santos, Boaventura de Sousa, 2000. A crítica da razâo indolente. Contra o desperdício da experiência. Cortez Editora, Sâo Paolo.
Vallespín, Fernando y Máriam M. Bascuñán, 2017. Populismos, Alianza Editorial, Madrid.
[1] Ver Galindo, J.: “Por qué los latinoamericanos se desencantan con la democracia”
https://elpais.com/internacional/2019/08/01/america/1564676652_297133.html
[2] Ver, entre muchos otros, Appadurai, Bauman et. al., 2017. El Gran Retroceso, Seix Barral, Barcelona; González, Damiani et. al, 2017. Quién manda aquí?. La crisis global de la democracia representativa, Debate, Barcelona; Levitsky y Ziblatt, 2018. Cómo mueren las democracias, Ariel, México.
[3] Olvera, A. J. 2018. “Los retos de la democracia y la ciudadanía en América Latina”, en: Unesco, México. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/331843726_Los_retos_de_la_democracia_y_la_ciudadania_en_America_Latina
[4] Un excelente resumen en: Cameron, M. 2018. Making Sense of Competitive Authoritarianism: Lessons from the Andes. En: Latin American Politics and Society, Volume 60, Issue 2, May 2018, pp. 1-22
[5] Una discusión ya clásica de este fenómeno en: Rosanvallon, P. 2009. La Legitimidad Democrática, Manantial, Buenos Aires.
[6] Ver Santos, B. 2000. A crítica da razâo indolente, Cortez Editora, Sâo Paolo, para una idea de “crisis paradigmática” que sobredetermina las demás en la medida que no sabemos como pensarlas.
[7] Ver Vallespín y Bascuñán, 2017. Populismos, Alianza Editorial, Madrid. De la Torre y Peruzzotti (eds.), 2008, El Retorno del Pueblo, FLACSO-Ecuador, Quito.