Margarita López Maya*
No es fácil, ni para la comunidad internacional, ni para la sociedad venezolana y sus actores, comprender el tipo de régimen político, y la forma de ejercicio del poder que cristalizó en Venezuela en las dos décadas que se iniciaron con el triunfo electoral de Hugo Chávez en diciembre de 1998. La llegada al poder de este líder populista conllevó una nueva etapa en la historia política del país, que en sus inicios prometió una profundización del régimen democrático, pero terminó desembocando en un régimen no democrático, con notables rasgos totalitarios. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo podemos describir el actual régimen y su ejercicio del poder? Responder estas interrogantes ayuda a afinar estrategias y tácticas con miras revertir este proceso y construir una transición democrática.
La primera presidencia de Hugo Chávez: entre la lógica institucional representativa y el ejercicio carismático del poder.
El movimiento bolivariano, liderado por el carismático teniente coronel Hugo Chávez, aparecería en el escenario sociopolítico venezolano tras el fallido golpe de Estado de febrero de 1992. Para 1998, Chávez ganaría de manera limpia y contundente las elecciones presidenciales, ejerciendo un primer mandato respaldado por la legitimidad democrática expresada, tanto por ese triunfo, como por nuevas elecciones en 2000 y un revocatorio presidencial que ganó en 2004. Durante ese primer gobierno (1999-2007), Chávez ejerció el poder respetando parcialmente las restricciones constitucionales y legales contempladas en la recién aprobada por referendo popular Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). La nueva carta magna transformó el régimen democrático venezolano combinando instituciones representativas con diversoso mecanismos e instituciones de democracia participativa.
No obstante, la naturaleza carismática de la legitimidad de Chávez entró tempranamente en tensión con la racionalidad legal del Estado y del sistema político representativo liberal. En su afán de cambios, con su mentalidad de militar y en su concepción populista del quehacer político, el presidente tendió a menospreciar los procedimientos e instituciones de representación y mediación, y se dedicó a socavar la separación e independencia de las otras ramas de los poderes públicos, en especial del judicial y el legislativo, que logró someter a su voluntad. En el forcejeo entre su ejercicio carismático del poder y el racional-legal de la institucionalidad democrática, el régimen fue desplazándose de manera creciente hacia un autoritarismo competitivo: un tipo de régimen híbrido, donde si bien existen instituciones y reglas del juego democrático, el ejercicio de las mismas se hace de manera de favorecer a quienes detentan el poder (Levitsky y Way, 2010).
2ª presidencia de Chávez: camino a un régimen no democrático
En 2006, tras la reelección presidencial, unos comicios ya menos competitivos que los previos, pero donde Chávez obtendría un triunfo histórico con 63% de los votos válidos, la tensión entre instituciones representativas y ejercicio carismático del poder se resolvería a favor de un régimen de ideología socialista, de carácter crecientemente autoritario y ahora sustentado en una legitimidad no racional-legal sino carismática y clientelar[1]. El socialismo del siglo XXI fue una propuesta de sociedad y Estado alternativos al capitalismo y a la democracia representativa, anunciada durante la campaña presidencial de 2006. Posteriormente, en 2007, Chávez la presentó a la Asamblea Nacional (AN) para su aprobación bajo la forma de una reforma a la CRBV, que fue rechazada ese diciembre en un referendo popular. La CRBV exige taxativamente para cualquier cambio constitucional su aprobación por parte de la ciudadanía (artículo 344). Con ello, la instauración del llamado socialismo como modelo alternativo, no fue legitimada democráticamente. El segundo gobierno vio entonces desarrollarse una planeada erosión de las hasta entonces formas democráticas representativas del ejercicio del poder y su sustitución por modalidades cesaristas[2].
El socialismo emergente, con su concreción en un Estado Comunal, al ser rechazado por el voto popular, comenzó a implantarse a través de mecanismos supuestamente “legales”, por otros poderes públicos -la AN y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)- gracias a la subordinación que sus funcionarios profesaban a los intereses revolucionarios del presidente y sus fuerzas políticas. Esta condición de subordinación se obtuvo por diversos procedimientos irregulares, algunos incluso ilegales. Las leyes socialistas, aprobadas por decretos presidenciales, por la AN o por procedimientos administrativos, no contemplan la existencia de instituciones como el sufragio universal, directo y secreto, el pluralismo político, o la separación e independencia de los poderes públicos. El sujeto político, llamado a la usanza soviética y cubana, poder popular, es colectivo, reside en asambleas y prevalece sobre el ciudadano con derechos individuales. Una enmienda constitucional aprobada en referendo popular en 2009, debilitó también la alternancia política, permitiendo la reelección indefinida de quienes ocupan cargos públicos de elección popular (López Maya, 2013).
Chávez ganó sus últimas presidenciales en octubre de 2012, pero nunca llegó a ejercer ese tercer mandato. Antes de ausentarse del país, para someterse a tratamiento en Cuba, del cual regresó a Venezuela sólo para morir, designó como sucesor a Nicolás Maduro, quien entonces ejercía la vicepresidencia. A raíz de su fallecimiento en marzo de 2013, en abril se hicieron nuevas elecciones, quedando triunfante Maduro, con un escaso margen sobre el candidato opositor Henrique Capriles Radonski (1,4% de ventaja).
Nicolás Maduro: autoritarismo de rasgos sultánicos y ejercicio neopatrimonial del poder
Desaparecido el líder y la legitimidad carismática, y cada vez más complicada la gestión económica y pública por las regulaciones impuestas por el gobierno socialista sobre la actividad productiva, las expropiaciones, la inseguridad jurídica, el desorden administrativo, la incompetencia e impunidad del funcionariado, la galopante corrupción y un declive de los precios petroleros en el mercado mundial, Maduro optó por acrecentar el autoritarismo del régimen.
El gobierno de Maduro desde sus inicios dio más y creciente peso y privilegios a los cuerpos de seguridad del Estado, militares y policiales, así como a familiares, amigos y socios del entorno de Chávez, como forma de consolidarse en el poder. Se fue desembocando así en un régimen autoritario militarista extremo, incluso de rasgos sultánicos -caprichoso y creador de una atmósfera de constante incertidumbre- con un ejercicio del poder neopatrimonial, que ha sobrevivido hasta la actualidad en medio de muchas zozobras y al costo de desencadenar la emergencia humanitaria compleja que hoy padece la sociedad[3].
El camino secuencial que desemboca en este régimen comenzó inmediatamente después de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, que fueron favorables a los partidos políticos opositores de la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD). El gobierno comprendió que se había convertido en minoría y emprendió la liquidación de lo que quedaba del Estado de derecho. Ese mismo diciembre procedió a cambiar de manera irregular la composición del TSJ, asegurándose un mayor control sobre los magistrados. Iniciándose 2016, y apoyado por ese TSJ sumiso, impuso un estado de excepción y emergencia económica -que desde entonces renueva constantemente- para desconocer las facultades legislativas de la AN y gobernar por decretos. Ese año también, apoyado por el Poder Electoral, igualmente a su servicio, suspendió un revocatorio presidencial activado por los partidos opositores, cerrando el derecho de los venezolanos a participar en la resolución de la crisis engendrada por la confrontación que se vivía entre Ejecutivo y Legislativo.
En 2017, el TSJ dictó dos sentencias para despojar de inmunidad a los diputados opositores y usurpar las funciones del parlamento. Aunque la alarma y presión internacional obligaron a revertir esas sentencias, Maduro, intempestiva e ilegalmente convocó a elecciones de Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que se realizaron en julio sin reunir condiciones democráticas. Dicha ANC, de total composición chavista, se instaló y a pedido de Maduro llamó a elecciones presidenciales adelantadas, que ganaría el presidente en mayo de 2018. Estas dos elecciones, llevadas a cabo sin reunir condiciones ni competitivas, ni justas ni transparentes, dan las estocadas mortales a la democracia venezolana. Hoy Maduro preside un régimen autoritario con vocación totalitaria, de acuerdo a la ideología del socialismo del siglo XXI.
Un régimen autoritario, dictatorial, como es el de Nicolás Maduro, concentra el poder de mando en un hombre o en un solo órgano, restando valor a las instituciones representativas. Reduce a su mínima expresión las fuerzas políticas opositoras y elimina la autonomía de subsistemas políticos como sindicatos y partidos. Privilegia el mando sobre el consenso y anula los procedimientos diseñados para transmitir desde la base la autoridad política (Stoppino, 1987). El ejercicio del poder de tipo neopatrimonialista mezcla la legitimidad legal-racional propia del Estado moderno, con la de tipo tradicional patrimonial, predominando esta última (Bechle, 2010). Se observa la presencia de tres instituciones informales básicas: un presidencialismo exacerbado, un clientelismo sistemático y el uso de los bienes públicos por parte de los gobernantes dando paso a la corrupción, el nepotismo, el reparto de renta y otras prácticas como maneras de legitimación política.
La ideología socialista, por su parte, que orienta los Planes de la Nación, que desde 2007 han hecho aprobar los gobiernos del chavismo, señala como norte del modelo revolucionario la conversión del venezolano en un “hombre nuevo” y la salvación de la humanidad, del planeta e inclusive del universo. Más concretamente, la gestión del gobierno de Maduro revela como aspectos de su vocación totalitaria, un sofisticado y extendido aparato de propaganda, que crea ficciones ideológicas permanentes -un mundo ficticio lógicamente coherente-, y un extenso sistema represivo que incluye cuerpos profesionales, milicias y civiles armados (paramilitares) destinados a reprimir e imponer un régimen de terror (ver Arendt, 1973).
Comentario final
La instauración de un régimen autoritario con rasgos sultánicos, junto a formas neopatrimonialistas de ejercer el poder, está en el corazón de la crisis global venezolana, que ha desembocado en una emergencia humanitaria compleja, uno de cuyas más dramáticas expresiones es la migración forzosa de los venezolanos hacia países vecinos y a todas partes del planeta. NNUU calcula hoy que más de cuatro millones, de los treinta y tantos millones que conforman la población venezolana, han salido del país, estimando que un número similar pueda migrar en los próximos meses de no resolverse la situación.
La crisis humanitaria compleja, dada por la combinación de múltiples factores como el colapso de la economía formal, de las estructuras estatales, la crisis sanitaria y de salud, de alimentos, los conflictos sociales y políticos, la violencia institucional y el éxodo de la población sólo podrá solucionarse con un cambio de ese orden político autoritario y las formas de ejercicio del poder que la han caracterizado.
Referencias
Arendt, Hannah (1973): Los orígenes del totalitarismo. Madrid, Alianza Editorial.
Bechle, Karsten (2010): Neopatrimonialism in Latin America. Prospects and Promises of a Neglected Concept. Leipzig, Working Papers N° 153, GIGA Research Program: Legitimacy and Efficiency of Political Systems.
Levitsky, Steven y Way, Lucan (2010): Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge, Cambridge University Press.
Linz, Juan y Alfred Stepan (1996): “Modern Nondemocratic Regimes”, en Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore, Johns Hopkins University Press.
López Maya, Margarita (2013): en David González El Estado descomunal. Conversaciones con Margarita López Maya Caracas, Los libros de El Nacional, Colección Conversaciones de El Nacional N° 1, 2013.
Stoppino, Mario (1987): “Entrada autoritarismo”, en Norberto Bobbio et al., Diccionario de Ciencia Política, Vol. 1. España, Siglo XXI.
Weber, Max (1977): Economía y sociedad, Vol. 1, Bogotá, FCE.
* Margarita López Maya, licenciada en historia y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Profesora titular (jubilada) del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la UCV. Fue directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y presidenta de la Sección de Estudios Venezolanistas del Latin American Studies Association. Actualmente miembro del Centro de Estudios Políticos de la UCAB.
[1] Para el desarrollo de las fuentes de legitimidad política véase Weber (1977).
[2] Por cesarismo se entiende un tipo de gobierno centrado en un jefe militar o militarista, que concentra los poderes.
[3] El sultanato como autoritarismo extremo fue tipificado por Juan Linz. Aquí se trabajó con Linz y Stepan (1996).
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